Con una agricultura enfocada hacia la rentabilidad económica artificialmente mantenida mediante un flujo de considerables subvenciones y en el que no existe ningún intento de internalización de los costes ambientales, la ventaja competitiva de los grandes productores frente a los pequeños ha conducido al abandono de la tierra y a la despoblación de muchas zonas rurales así como al abandono de las prácticas agropecuarias más coherentes con la sostenibilidad ambiental.
La actividad agrícola, cada vez más concentrada en manos de grandes propietarios y de empresas, ligadas comercial y económicamente a las poderosas compañías de distribución que dominan el ámbito agroalimentario, ha desembocado en una actividad más propiamente del sector industrial o secundario que del primario.
Este proceso ha erosionado el papel social de la agricultura de proporcionar empleos dignos en el medio rural. La perdida de poder y competitividad de los pequeños agricultores se ha visto agravada por el cada vez mayor dominio de las empresas del sector agroalimentario sobre un mercado oligopolizado a lo largo de toda la cadena de producción, distribución y comercialización.
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Una de las facetas de la sostenibilidad en la agricultura es la recomposición del tejido social del medio rural, lo cual implica, al menos:
- La ruptura de la actual situación de oligopolio de las multinacionales sobre el sector alimentario. Para ello, es preciso encontrar mecanismos para que los agricultores recuperen capacidad de dominio y control sobre su propia actividad, dentro de los objetivos sociales y ambientales de la sostenibilidad local y global. En este sentido, es particularmente incompatible con la sostenibilidad el uso de organismos modificados genéticamente, tanto desde el punto de vista de los riesgos ambientales y sanitarios, como desde la vertiente del incremento del control de unas pocas grandes corporaciones multinacionales sobre la agricultura mundial.
- Las autoridades han de asumir un compromiso real de apoyo al pequeño campesinado ya que representa el colectivo más propicio a cumplir con los criterios de sostenibilidad ecológica.
- Se deben garantizar condiciones de vida dignas en zonas rurales, con una remuneración justa del trabajo en el campo, lo que implica en particular la revisión de las reglas del comercio de los productos agrícolas. Además es necesario un incremento de inversiones públicas para asegurar que se responda a las necesidades sociales básicas (educativas, sanitarias, culturales) de forma justa y suficiente.
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