El modelo productivista dominante en la agricultura actual está basado en el incremento de la producción y el beneficio en función de la inversión. Ello se alcanza frecuentemente manteniendo artificialmente la producción mediante subvenciones. Tal modelo es uno de los motivos principales de la mayor parte de los gravísimos problemas de seguridad alimentaria que han jalonado la historia reciente de la producción alimentaria. La contaminación de nuestros alimentos por productos químicos y farmacéuticos, pollos a la dioxina y la aparición de la enfermedad de la encefalopatia espongiforme bovina son sólo síntomas de un problema mayor subyacente.
Sustituir el objetivo principal de producción/beneficio actual por él de producción de calidad debería ser uno de los objetivos principales de una nueva política agraria. Para ello deben ponerse en marcha mecanismos normativos adecuados y orientar los incentivos y elementos disuasorios económicos y fiscales públicos para:
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- Conseguir el control sobre la seguridad de los productos;
- Favorecer los objetivos de producción de calidad;
- Facilitar el ejercicio del derecho a la información de los consumidores para alcanzar hábitos de consumo más sostenibles; el consumidor es el eslabón final de toda la cadena alimentaria y puede contribuir, con una dieta sana y adaptada a los requerimientos naturales, a una producción más sostenible;
- Promocionar los productos locales y orgánicos penalizados económicamente por el actual sistema de producción agroindustrial y desligar la producción de calidad de su carácter actual de exclusión económica.
Conseguir el apoyo público a esta nueva orientación del sector agroalimentario supone poner la calidad alimentaria, la protección ambiental y la salud de la ciudadanía como objetivos fundamentales. Esto significa que ninguna parte de la población quede excluida de aquellos objetivos por razones económicas, evitando la actual situación de favoritismo económico en el acceso a la calidad y seguridad alimentarias.
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